A través de una nota firmada por la presidenta del CPE, el gobierno neuquino informó al Ministerio Público de la Defensa las acciones que desarrolla en pos de garantizar las actividades en el aula, y dio detalles de las políticas de defensa del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.
El gobierno de la provincia del Neuquén, a través de la presidencia del Consejo Provincial de Educación (CPE), le informó al Ministerio Público de la Defensa las diferentes acciones que se han desarrollado respecto de las clases. Lo hizo a través de una nota firmada por la presidenta del CPE, María Susana Ferro, dirigida al defensor general Ricardo Cancela, y con copia a la defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente, Mónica Amicone; la defensora del juzgado 3, Marcela Robeda; y la defensora adjunta de los Derechos del Niño Nº 1, Silvia Acevedo.
En la misiva se destaca que “el Gobierno de la Provincia del Neuquén mantiene un permanente canal de diálogo abierto con el gremio docente, habiéndose desarrollado numerosas reuniones desde el 17 de febrero de 2017, tendientes a asegurar el normal inicio del Ciclo Lectivo 2017”, y se reseña que la Mesa de Diálogo que mantienen los representantes del Ejecutivo y del gremio ATEN se reunió los días 20 de febrero, 2 y 13 de marzo, donde “se han formulado diferentes propuestas salariales en búsqueda de una solución componedora, teniendo como principal objetivo resolver en un ámbito de diálogo los reclamos formulados por los trabajadores”.
Ferro explica en la nota que en la reunión del 23 de marzo se realizó “una propuesta superadora, teniendo como límite el presupuesto provincial”.
Destaca, además, que con tres de los cuatro gremios que integran la Mesa General de Diálogo (ATE, UPCN y UNAVP) “ya se acordó el incremento salarial para el año en curso, conservando el nivel de los salarios de los empleados públicos”, y que solo el gremio docente “continúa con el reclamo salarial”.
“Desde el inicio y en todo momento, los representantes del Poder Ejecutivo hemos manifestado una permanente vocación de diálogo y nuestra expresa voluntad de arribar a un pronto acuerdo que satisfaga a todas la partes intervinientes, presentando nuestra posición siempre en un marco de respeto y convivencia democrática, tratando de construir consenso, de generar la posibilidad de hacer pie en los puntos compartidos para, sobre esa base, avanzar en una solución a la situación que nos ocupa, pero solicitando que toda negociación se lleve adelante en simultáneo con el normal dictado de clases”, agrega la misiva.
Detalla, además, que la búsqueda de la solución tiene “como límite el presupuesto provincial”, y que “no existe otra disponibilidad de recursos que aquellos consignados en el presupuesto, y es nuestro deber, como miembros de los Poderes del Estado, el administrarlos con absoluta responsabilidad”. Enumera como segundo límite “el principio de la equidad, ya que hemos dado un aumento salarial para todos los empleados públicos provinciales, y no podemos otorgar un aumento a los docentes que no contemple el efecto que dicha suba implicaría en otros sectores que también aspiran a mejorar sus ingresos”.
En respuesta a los oficios 350 y 359/17 del Ministerio Público de la Defensa, Ferro señala que el gobierno entiende que “la cuestión de fondo es un tema estrictamente salarial, que no tiene que ver con la imposibilidad de arribar a un acuerdo entre los actores que intervienen en la negociación, sino con el hecho de acercar posturas, siendo flexible en lo que sea posible serlo, y atendiendo no solo los intereses que cada uno representa en la mesa de negociación, sino priorizando el interés general de toda la sociedad, especialmente el de aquellos niños, niñas y adolescentes que ven alterada su trayectoria escolar por hechos que les son ajenos”.
Agrega que desde el Poder Ejecutivo se pone “el máximo esfuerzo y aspiramos a lograr un equilibrio construido cooperativamente, de forma tal que armonice los intereses de los alumnos, de los padres, de los docentes, de los dirigentes gremiales, del gobierno y de todos aquellos que de una u otra forma son parte del sistema educativo neuquino”.
La nota especifica que el gobierno debe “contemplar los intereses sectoriales, pero a ellos debemos integrarlos dentro de la satisfacción del interés general o bien común”, y que toda medida adoptada en ejercicio de la función pública debe “ser razonable en términos de realización del bienestar general de toda la sociedad neuquina”.
Derecho a la educación
En la misiva se amplía información respecto de la función del CPE. “Como órgano colegiado tiene a su cargo el Gobierno del Sistema Educativo Provincial en el marco del art. 118 de la Constitución Provincial, Leyes Provinciales 242 y 2945. En ejercicio de las facultades y competencias que le son propias, y mediante las sesiones semanales del Cuerpo Colegiado, lleva adelante innumerables acciones tendientes a garantizar el derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos en todos sus niveles y modalidades”, detalla.
A la vez, explica que el cuerpo colegiado está integrado por tres representantes del Poder Ejecutivo, dos del gremio docente y uno por los Consejos Escolares. “Su funcionamiento implica el debate permanente de las acciones positivas que se adoptan en el marco de un proceso democrático de construcción de consensos, que incluye a todos los actores intervinientes del sistema educativo”, amplía.
Respecto de las acciones positivas cumplidas por el CPE para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y adultos, la misiva enumera la “afectación y ejecución de los recursos necesarios para la adquisición del mobiliario […], se acondicionan los edificios, se crean las horas y cargos necesarios en razón de la cantidad de alumnos que así lo requieren […], se realizan jornadas de capacitación docente, se construyen nuevos edificios escolares para distintos niveles en diversas localidades de la provincia, se comenzó a implementar paulatinamente la creación de las salas de nivel inicial para niños de tres años inclusive, se garantizó al igual que en período lectivo 2016 el transporte exclusivo para docentes que prestan servicios en las localidades de San Patricio del Chañar, Añelo y Villa El Chocón”.
También puntualiza que el cuerpo colegiado dictó el 22 de diciembre de 2016 la Resolución Nº 2000 que aprobó el Calendario Escolar Único Regionalizado (CEUR) para el período 2017/2018, a través de la cual se garantizan los 180 días de clases en los distintos niveles y modalidades que hacen al Sistema Educativo Provincial.
“Es relevante relatar lo sucedido en el período académico 2016, donde previo a finalizar el ciclo lectivo, el CPE emitió una nueva Resolución modificando el CEUR, extendiendo el periodo de clases para garantizar el cumplimiento de los 180 días”, informa y destaca que esta medida “fue aprobada por la mayoría de los miembros que componen el cuerpo colegiado, ya que los representantes del gremio docente se abstuvieron de emitir su voto, pese a que la prórroga se originó en la compensación de los días de clases no dictadas por medidas de fuerza del gremio docente. Esta acción constituyó una medida concreta por parte del Estado Provincial que garantizó oportunamente el cumplimiento de la totalidad de los días de clases en nuestra jurisdicción”.
“Entendemos que tanto los representantes del Poder Ejecutivo como los del sindicato docente, en nuestro carácter de dirigentes sociales, debemos extremar los esfuerzos para acordar a la mayor brevedad posible una pronta solución al conflicto, que restablezca la normalidad en el funcionamiento del sistema educativo, a fin de lograr que se dicten clases normalmente y que los alumnos, que constituyen el presente y futuro de nuestra Provincia, puedan adquirir en la Escuela las herramientas que les permitirán forjarse un horizonte de trabajo y progreso, no solo para sí sino para la comunidad toda”, cierra la misiva firmada por Ferro.
